En el Corredor Seco de Guatemala, una franja de tierra que se extiende desde la frontera con México hasta la frontera con El Salvador, la lluvia ya no es un fenómeno meteorológico. Es una promesa que no se cumple. Desde 2019, las precipitaciones han caído un 40% en la región, transformando campos de maíz y frijol en paisajes de grietas y polvo. Para miles de familias, la única opción que queda es levantar campamento y moverse hacia las ciudades.

La migración climática en Centroamérica no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que está acelerándose a una velocidad que las instituciones no pueden seguir. Según el Banco Mundial, para 2050 más de 17 millones de personas podrían ser desplazadas internamente en la región por razones relacionadas con el cambio climático. La mayoría no cruzará fronteras internacionales, al menos no al principio. Se moverán de Chiquimula a Guatemala City, de Ocotepeque a San Pedro Sula, de Ahuachapán a San Salvador, formando un éxodo interno que las ciudades no están preparadas para absorber.

El caso de la familia López, de aldea La Ceiba, es representativo. Don José, de 58 años, cultivó maíz durante cuatro décadas. En 2024, perdió el 90% de su cosecha. "La tierra ya no da. No es que yo no sepa trabajar. Es que la tierra se murió", dice, sentado en una banca de madera en el mercado de Chiquimula, donde vende la última parte de sus enseres antes de subirse a un autobús con destino a la capital. Su esposa, sus dos hijos, y sus tres nietos viajan con él. No tienen familia en la ciudad, ni trabajo asegurado, ni un lugar para dormir. Pero tienen algo que ya no tienen en el campo: esperanza.

La esperanza, sin embargo, choca con la realidad. Guatemala City recibe anualmente cerca de 50.000 familias que migran desde el interior, y al menos el 30% lo hace por razones climáticas. La infraestructura de vivienda social es insuficiente: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estima un déficit de 1.7 millones de viviendas. Las familias desplazadas terminan en asentamientos informales en las laderas de los volcanes, en zonas de alto riesgo de deslizamiento, donde no hay agua potable ni alcantarillado.

El gobierno de Guatemala ha intentado responder con el Programa de Resiliencia Climática, que busca reconstruir la infraestructura hídrica del Corredor Seco y ofrecer alternativas de ingreso a las familias que se quedan. Pero el programa, financiado con fondos internacionales, ha sido criticado por su lentitud y por la corrupción que desvía recursos. En 2025, la Contraloría General reportó irregularidades en el 23% de los contratos de obras de riego en el departamento de Chiquimula.

Organizaciones de la sociedad civil han llenado parcialmente el vacío. La ONG SERES, con sede en Guatemala y Honduras, opera programas de "resiliencia comunitaria" que enseñan a las familias a diversificar cultivos, ahorrar agua, y generar ingresos no agrícolas. Los resultados son modestos pero reales: en las comunidades donde SERES ha trabajado por más de tres años, la tasa de migración climática ha caído un 18%.

La pregunta más difícil es cuánto tiempo puede durar el campo centroamericano. Los científicos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) pronostican que para 2035, el Corredor Seco podría extenderse hacia el norte, afectando a departamentos que hoy son productivos. Si eso ocurre, la migración interna se convertirá en migración internacional, y las fronteras con México y Estados Unidos enfrentarán presiones que la contención militar no podrá detener.

Don José López sube al autobús con sus maletas de cartón. No sabe qué encontrará en la ciudad. Pero sabe que lo que deja atrás ya no es un lugar donde vivir. La migración climática no es una elección. Es una evacuación lenta, silenciosa, y hasta ahora, casi invisible. Hasta que no lo sea.