Los días 24 y 25 de septiembre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México fue escenario de un encuentro sin precedentes en la historia judicial de América Latina. Magistrados y representantes de altas cortes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá y otros países de la región se reunieron en el Seminario de Altas Cortes de América Latina: La justicia frente al cambio climático y bioculturalidad. El objetivo no era retórico: buscaban construir un puente entre las opiniones consultivas internacionales y las sentencias nacionales que puedan frenar —o al menos mitigar— la crisis climática.

El seminario, organizado por la SCJN en colaboración con organismos internacionales, representa un reconocimiento tácito de que los parlamentos y los ejecutivos latinoamericanos no están actuando con la velocidad que la emergencia climática exige. Si la política tradicional se mueve lento, quizás la justicia constitucional pueda acelerar la respuesta. La apuesta es arriesgada y controversial: ¿deben los jueces asumir un rol protagónico en la transición energética y la protección ambiental?

De la teoría a la sentencia

Los debates del seminario se centraron en la interdependencia entre biodiversidad y patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, un enfoque que reconoce que la destrucción de ecosistemas no es solo un problema ambiental sino también una violación de derechos humanos. Los participantes analizaron cómo integrar las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus jurisprudencias nacionales, un proceso técnico complejo que exige traducir principios internacionales en argumentos jurídicos aplicables a casos concretos.

En Colombia, la Corte Constitucional ya ha emitido fallos históricos sobre derechos de la naturaleza y protección de bosques amazónicos. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal ha debatido la demarcación de tierras indígenas como herramienta de mitigación climática. En Costa Rica, la Sala Constitucional ha reconocido el derecho humano a un ambiente sano. El seminario de la SCJN buscó articular estas experiencias dispersas en una corriente jurisprudencial regional coherente.

El papel de los tribunales en la emergencia climática

La justicia climática es un campo relativamente nuevo del derecho que explora cómo los sistemas judiciales pueden abordar las causas y consecuencias del cambio climático. En Europa, tribunales de Países Bajos, Alemania y Francia han obligado a sus gobiernos a acelerar la reducción de emisiones. En América Latina, donde la vulnerabilidad climática es mayor pero los recursos institucionales son más escasos, los tribunales enfrentan una presión creciente para actuar.

Sin embargo, la judicialización del clima no está exenta de riesgos. Los detractores argumentan que los jueces no tienen la competencia técnica ni la legitimidad democrática para decidir sobre políticas energéticas o de ordenamiento territorial. Además, una sentencia ambientalista puede quedar en letra muerta si el ejecutivo carece de la voluntad o los recursos para implementarla. El seminario de la SCJN abordó explícitamente esta tensión, buscando un equilibrio entre el activismo judicial y el respeto a la separación de poderes.

¿Por qué importa?

Para los ciudadanos latinoamericanos, la judicialización del clima ofrece una vía de acción cuando los canales políticos tradicionales fallan. En países donde los proyectos extractivos avanzan sobre territorios indígenas sin consulta previa, donde la deforestación ilegal opera con impunidad y donde la minería contamina ríos vitales, una sentencia firme puede ser la única barrera entre la supervivencia de una comunidad y su desplazamiento forzado.

Análisis Curionex

El seminario de la SCJN es un hito simbólico, pero su impacto real dependerá de lo que ocurra después de que los magistrados regresen a sus respectivos países. La historia del derecho ambiental en América Latina está llena de sentencias brillantes que nunca se implementaron. Lo que distingue este encuentro es su enfoque en la bioculturalidad: la idea de que la naturaleza no es un recurso sino un tejido de relaciones entre humanos y no humanos. Esta perspectiva, profundamente arraigada en las cosmovisiones indígenas de la región, podría ofrecer a los tribunales un marco jurídico más robusto que los enfoques occidentales tradicionales. Si las altas cortes logran consolidar una doctrina que reconozca explícitamente los derechos de la naturaleza y los derechos indígenas como interdependientes, América Latina podría convertirse en un laboratorio mundial de justicia climática. Pero eso requerirá algo más que seminarios: requerirá jueces dispuestos a enfrentar a gobiernos y corporaciones, y sistemas judiciales con la independencia real para hacerlo.

Cuando los políticos dudan, los jueces pueden decidir. Pero una sentencia solo cambia el mundo si hay alguien dispuesto a ejecutarla.

Fuentes consultadas