En septiembre de 2026, la organización Global Witness publicó su informe anual sobre defensores ambientales, y los números confirmaron una verdad que América Latina intenta ignorar: la región sigue siendo la más letal del mundo para quienes protegen sus territorios. Durante 2025, al menos 124 personas fueron asesinadas por defender el medio ambiente y los derechos territoriales. De ese total, el 85% de los casos ocurrieron en Latinoamérica, con Colombia, Brasil, Honduras, México y Guatemala encabezando la lista de violencia.

La publicación del informe coincidió con el Día Internacional de los Defensores Ambientales, una conmemoración que este año adquirió un tono particularmente sombrío. No se trata de estadísticas abstractas: detrás de cada número hay una comunidad indígena que perdió a su líder, una familia que enterró a quien denunció la invasión de su territorio, un territorio que quedó sin voz ante la presión de intereses económicos armados.

La violencia estructural tras los asesinatos

El informe de Global Witness documenta un patrón que se repite con monótona cruelza. La violencia contra defensores ambientales no es producto de incidentes aislados ni de conflictos interpersonales. Está sistemáticamente ligada a tres factores convergentes: la expansión del crimen organizado, la industria extractivista legal e ilegal, y la ausencia de mecanismos estatales de protección efectivos. Estos tres elementos operan en un clima de impunidad donde el 95% de los crímenes contra activistas nunca llega a juicio.

En Perú, comunidades indígenas como los Kakataibo han fortalecido mecanismos de autoprotección, incluyendo Guardias Indígenas que monitorean invasiones y daños ambientales en tiempo real. Es una estrategia nacida de la desesperación: cuando el Estado no protege, las comunidades se organizan para autodefenderse, aunque ello las exponga aún más a la violencia de actores armados. La minería ilegal sigue siendo la principal amenaza en la Amazonía peruana, donde decenas de dragas operan en ríos como el Pachitea, el Cenepa y el Marañón, afectando territorios indígenas y áreas de amortiguamiento como la Reserva Nacional Tambopata.

La Amazonía bajo presión múltiple

Los datos de Mongabay Latam, en alianza con científicos de la región, documentan que el agua en cuencas de los ríos Beni (Bolivia), Caquetá (Colombia), Madre de Dios (Perú) y Caroní (Venezuela) se encuentra bajo presión industrial, con presencia de mercurio que afecta a las comunidades locales. La minería ilegal no solo destruye bosques; contamina las fuentes de agua que sostienen poblaciones enteras. Los defensores ambientales que denuncian estos crímenes ecológicos se convierten en blancos prioritarios.

En Colombia, la situación es particularmente dramática. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado políticas de "paz total" que incluyen diálogo con grupos armados, la violencia contra líderes sociales y ambientales no ha cesado. Las zonas de mayor riesgo coinciden con territorios de alta biodiversidad y con presencia de cultivos ilícitos, minería informal y proyectos de infraestructura de gran escala. La triple presión —narcotráfico, extractivismo y abandono estatal— crea un caldo de cultivo donde la vida de un defensor ambiental vale menos que los intereses económicos que protege.

Datos clave verificados: Global Witness registró 124 asesinatos de defensores ambientales en 2025. El 85% de los casos ocurrieron en América Latina. Los países más afectados fueron Colombia, Brasil, Honduras, México y Guatemala. La impunidad alcanza el 95%: la mayoría de los crímenes nunca llega a juicio.

¿Por qué importa para Latinoamérica?

Para los latinoamericanos, la violencia contra defensores ambientales es el síntoma más visible de una crisis más profunda: la disputa por el territorio en una región donde la ley raramente llega antes que los intereses económicos. Cada asesinato de un líder indígena o campesino no es solo una tragedia individual, sino una pérdida colectiva de conocimiento ecológico ancestral, de organización comunitaria y de capacidad para resistir proyectos que destruyen bosques, ríos y modos de vida.

Análisis Curionex

El liderazgo trágico de América Latina en asesinatos de defensores ambientales no es una fatalidad geográfica ni cultural. Es el resultado de una ecuación política deliberada: gobiernos que priorizan la inversión extractiva sobre la protección de derechos humanos, sistemas judiciales diseñados para la impunidad de actores poderosos, y una narrativa mediática que presenta a los defensores del territorio como obstáculos al desarrollo en lugar de guardianes de bienes comunes indispensables.

Curionex destaca una paradoja que debería inquietar a la región entera: mientras Latinoamérica se posiciona como líder global en políticas ambientales discursivas —meta de carbono neutralidad, protección de bosques, compromisos internacionales— su record en la protección de quienes hacen tangible esa protección es el peor del planeta. La contradicción entre retórica verde y sangre roja en el territorio no es un accidente; es la expresión de una gobernanza donde los compromisos internacionales se firman en salas de conferencia y se violan en selvas y páramos. El informe de Global Witness no es una denuncia más; es una contabilidad forense de una deuda que la región tiene con sus propios ciudadanos, y que cada año se paga en ataúdes de madera de los mismos bosques que los defensores murieron protegiendo.

En conclusión, América Latina no necesita más informes sobre la violencia contra defensores ambientales. Necesita que los existentes generen consecuencias: fiscalías que investiguen, tribunales que condenen, gobiernos que prioricen la vida sobre la inversión, y sociedades que entiendan que proteger a quienes protegen la naturaleza no es un acto de caridad, sino un acto de supervivencia colectiva.

Fuentes consultadas