En septiembre de 2026, la organización Global Witness publicó su informe anual sobre defensores ambientales. Las cifras son demoledoras: en 2025 se registraron al menos 124 asesinatos de personas que protegían tierras y territorios en todo el mundo. De ellos, el 85% ocurrió en América Latina. La región, lejos de ser el "pulmón verde" retórico de slogans internacionales, es el lugar más peligroso del planeta para quienes defienden el medio ambiente.

Colombia encabezó la lista mundial por cuarto año consecutivo, con 39 asesinatos en 2025. Brasil duplicó su cifra respecto a 2024, pasando de 12 a 26 muertes. Honduras reportó 12, México 10 y Guatemala 8. Los números, sin embargo, probablemente subestiman la realidad. Global Witness advierte que el aumento del autoritarismo y la restricción del espacio cívico dificultan cada vez más documentar la violencia. Desde 2012, la organización ha verificado 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores ambientales.

Las víctimas no son activistas urbanos con visibilidad mediática. Más de tres cuartas partes de los asesinados son pueblos indígenas y campesinos de pequeña escala. En 2025, 44 indígenas fueron asesinados, incluyendo siete miembros de Guardias Indígenas comunales. Los motores de la violencia son identificables: disputas de tierra vinculadas a más de la mitad de los casos; minería asociada a 11 muertes; tala a 8; agroindustria a 6. El crimen organizado participa, directa o indirectamente, en más de un tercio de los casos globales.

La respuesta estatal es, en el mejor de los casos, insuficiente. La impunidad ronda el 90% en la mayoría de los países. Frente a este vacío, las comunidades han desarrollado mecanismos de autoprotección. La Guardia Indígena Kakataibo en Perú es un ejemplo: patrullajes territoriales, sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación. Estas prácticas de "protección colectiva" surgen donde el Estado no llega, pero no deberían ser necesarias.

Datos clave verificados:

  • 124 defensores ambientales asesinados en el mundo en 2025, según Global Witness.
  • El 85% de los asesinatos ocurrió en América Latina.
  • Colombia: 39 asesinatos (cuarto año consecutivo como el país más peligroso).
  • Brasil: 26 asesinatos (más del doble que los 12 de 2024).
  • Más de tres cuartas partes de las víctimas son indígenas y campesinos.
  • El crimen organizado está involucrado en más de un tercio de los casos globales.
  • Desde 2012, Global Witness ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores.

¿Por qué importa para América Latina? Los defensores ambientales no mueren por casualidad. Mueren porque su trabajo obstaculiza intereses económicos poderosos: minería ilegal, monocultivos de exportación, narcotráfico que lava dinero a través de la tala. Su asesinato no es un crimen común; es un crimen de lesa humanidad ambiental que afecta a las comunidades que dependen de esos territorios para vivir. Si la región no protege a quienes protegan sus bosques, no habrá desarrollo sostenible posible.

Análisis Curionex

El informe de Global Witness de 2026 expone una verdad que los gobiernos latinoamericanos prefieren manejar como "problema de orden público" en lugar de lo que realmente es: una crisis de derechos humanos vinculada al modelo de desarrollo. La mayoría de los asesinatos ocurren en zonas de frontera agrícola, donde la presión por convertir bosques en soja, palma o pastura choca con comunidades que poseen títulos ancestrales pero no fuerza policial. La paradoja es cruel: la región que más necesita defensores ambientales para cumplir sus compromisos climáticos internacionales es la que más los mata. El Acuerdo de Escazú, firmado por la mayoría de países, obliga precisamente a proteger a estos defensores, pero su implementación ha sido lenta y a menudo contraria a los intereses de las élites económicas locales. Lo que el informe no dice explícitamente pero implica: la violencia contra defensores no es un "costo colateral" del desarrollo; es una herramienta deliberada de despojo territorial. Y mientras los presupuestos de protección a defensores representen centavos frente a los millones de las concesiones mineras, la sangre seguirá siendo más barata que la protección.

El informe de Global Witness coincide con una caída del 23% en la ayuda al desarrollo global en 2025, lo que reduce aún más los recursos disponibles para organizaciones de derechos humanos que monitorean amenazas. En Estados Unidos, recortes presupuestarios específicos han debilitado programas de apoyo a defensores en el hemisferio. La protección ambiental, lejos de ser una agenda de bienestar futuro, se está convirtiendo en un campo de batalla presente donde los que pierdan no serán solo los bosques, sino la posibilidad misma de gobernanza democrática en el territorio.

Fuentes consultadas