Un informe del Banco Mundial divulgado en septiembre de 2026 reveló una cifra que condensa una de las principales fracturas sociales de América Latina: cerca de la mitad de los 325 millones de trabajadores de la región carece de empleo formal. Esto implica que aproximadamente 162 millones de personas laboran sin contratos, sin acceso a sistemas de salud contributivos, sin protección ante despidos injustificados y sin perspectivas de una jubilación digna. La informalidad no es un problema residual ni exclusivo de los países más pobres: es una característica estructural de los mercados laborales latinoamericanos.

El estudio señala que la informalidad responde a causas sistémicas que no pueden resolverse mediante programas administrativos de formalización. Factores como los altos costos de contratación, la complejidad regulatoria, la escasa calidad de la educación técnica y la ausencia de redes de protección social para trabajadores independientes crean un entorno donde la informalidad es, para millones, la única opción viable de subsistencia. El Banco Mundial enfatiza que las soluciones requieren reformas en protección social, educación y marcos regulatorios, no solo campañas de registro.

La revelación del informe coincidió con una reunión de líderes sindicales de 12 países latinoamericanos en Buenos Aires, Argentina, donde se debatieron estrategias para exigir seguridad social universal y jubilaciones dignas. Los sindicalistas señalaron que la informalidad no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados: genera una carga fiscal sobre el sector formal, que debe financiar sistemas de salud y pensiones sin el aporte contributivo de la mitad de la fuerza laboral. Esta distorsión fiscal perpetúa un círculo vicioso donde la precariedad alimenta la desigualdad y la desigualdad alimenta la precariedad.

Contexto: Cuando la informalidad se normaliza

América Latina ha convivido con la informalidad laboral durante décadas, pero su magnitud actual representa un umbral cualitativo diferente. En los años ochenta, la informalidad predominaba en sectores tradicionales como el comercio ambulatorio o los servicios domésticos. En 2026, se ha expandido hacia ocupaciones calificadas: programadores independientes, diseñadores, consultores y profesionales de la salud que operan fuera de estructuras formales no por elección, sino por la ausencia de oportunidades de empleo registrado. La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia al impulsar el trabajo remoto y las plataformas digitales, muchas de las cuales operan en zonas grises regulatorias.

Argentina ofrece un caso particularmente ilustrativo. A pesar de que la inflación de agosto de 2026 se situó en 1,7% —el registro más bajo del año—, la pobreza alcanzó al 32,2% de la población en el primer semestre. La contradicción entre estabilización macroeconómica y deterioro social evidencia que los indicadores financieros no capturan la realidad vivida por la mitad de la población activa. Líderes sindicales en Buenos Aires exigieron que cualquier agenda de crecimiento económico incorpore explícitamente la transición hacia la formalidad como objetivo prioritario.

Datos clave verificados

  • Cerca de la mitad de los 325 millones de trabajadores latinoamericanos carece de empleo formal, según el Banco Mundial.
  • Esto representa aproximadamente 162 millones de personas sin protección social contributiva.
  • Líderes sindicales de 12 países se reunieron en Buenos Aires para debatir seguridad social y jubilaciones.
  • En Argentina, la pobreza alcanzó el 32,2% en el primer semestre de 2026.

¿Por qué importa para el lector latinoamericano?

Para la mayoría de los latinoamericanos, la informalidad no es un concepto abstracto: es la condición de trabajo de sus padres, vecinos o propia. En barrios populares de Ciudad de México, Lima o Bogotá, la economía funciona a través de puestos callejeros, talleres familiares, servicios de transporte informal y trabajo doméstico no registrado. La revelación de que esta realidad afecta a 162 millones de personas debería impulsar una pregunta incómoda: ¿por qué los sistemas económicos de la región están diseñados de tal manera que la precariedad es más accesible que la formalidad? La respuesta no es simple, pero implica que los Estados han priorizado la reducción de costos empresariales sobre la protección de trabajadores, creando un entorno donde la informalidad es funcional para ciertos sectores económicos.

Análisis Curionex

El informe del Banco Mundial, aunque técnicamente riguroso, incurre en una omisión que los debates sindicales en Buenos Aires sí identificaron: la informalidad no es un "problema" que se resuelve con formalización administrativa, sino una forma de organización económica que beneficia a actores poderosos. Las empresas formales subcontratan informalmente para reducir costos. Los gobiernos toleran la informalidad porque mantiene bajos los índices de desempleo abiertos. Las plataformas digitales diseñan modelos de negocio explícitamente pensados para evadir obligaciones laborales. Por tanto, combatir la informalidad requiere no solo reformas de protección social, sino una voluntad política para enfrentar a los actores que se benefician de ella. La cifra de 162 millones debería leerse no como una estadística descriptiva, sino como una denuncia: América Latina ha construido economías donde la dignidad laboral es un privilegio de minoría. Y eso no es un accidente de mercado: es una elección política.

La generación informal de América Latina no necesita más diagnósticos: necesita políticas públicas que hagan más rentable la formalidad que la precariedad, y más digno el trabajo que la supervivencia.

Fuentes consultadas